Políticas Públicas para el Acceso a Internet en Venezuela

Aunque desde el año 2007 es posible documentar violaciones del derecho al libre acceso a Internet en Venezuela, a partir del año 2011 se comenzó a reportar de forma sistemática la existencia de políticas gubernamentales dirigidas al control de la infraestructura de telecomunicaciones y del flujo de información digital, así como las acciones de violencia física y técnica en contra de periodistas y ciudadanos que se valen de medios digitales y redes sociales para comunicarse (Freedom of The Net Reports, 2011-2017). Estos hechos, es preciso subrayar, no han ocurrido en el vacío ni al azar. Por el contrario, han sido instrumentados de manera progresiva, al mismo tiempo que el Estado dejó de ser democrático -definido así en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CNRBV)-, avanzó a lo que en un momento fue definido como Socialismo del Siglo XXI y luego comenzó a ser caracterizado como un régimen autoritario (The Economist, 2017). 
Durante ese mismo lapso, los efectos de las políticas económicas implementadas por el gobierno, aunados a la baja de los ingresos de la industria petrolera, trajeron además como consecuencia un deterioro del estándar de vida de los ciudadanos, descontento social y acciones de protesta. 
La conflictividad política, que se evidenció claramente en el año 2002 con el golpe de Estado en contra del entonces presidente Hugo Chávez, no ha cesado durante el periodo que estudiamos, y tuvo picos notables en los años 2014 y 2017, bajo la presidencia de Nicolás Maduro. Durante las elecciones presidenciales del 14 de abril del año 2013, en las que este se adjudicó el triunfo por un mínimo margen de votos, el acceso a Internet a través de la estatal Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), el principal proveedor de telecomunicaciones del país, fue bloqueado. 
De acuerdo con datos provenientes de diversas fuentes, entre las que se incluyen las del Observatorio Estadístico de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la inversión en telecomunicaciones en Venezuela ha experimentado altos y bajos y, en los últimos años, una sensible reducción en términos reales.
Varios años de desinversión, estrictos controles de las tarifas, un control cambiario que impide a las compañías de telecomunicaciones llevar a cabo adquisiciones esenciales para el mantenimiento mínimo de la infraestructura -y que ha detenido los procesos de renovación tecnológica de todo el sector a partir del año 2014 -junto con un fuerte monopolio estatal en áreas clave, son las causas frecuentemente citadas para explicar el declive de las telecomunicaciones.
Entre otros indicadores, el deterioro de la infraestructura de telecomunicaciones en Venezuela se evidencia en la baja velocidad promedio de conexión a Internet, calificada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) como la más lenta de América Latina (CEPAL, 2016). Según el Índice de Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), en apenas un periodo, del 2016 al 2017, Venezuela bajó cuatro escaños.
De un modo más eficaz -aunque menos evidente -que el control de contenidos, en Venezuela el deterioro progresivo de la industria de las telecomunicaciones, que restringe de manera muy directa el acceso a Internet, parece resultar una estrategia muy conveniente para el logro de la hegemonía comunicacional del gobierno.
Debido a las quejas que constantemente expresan los usuarios sobre los largos periodos de desconexión que sufren, así como también por las bajas velocidades de conexión, a pesar de que los niveles de penetración de Internet parecen ser auspiciosos, al menos tomando en cuenta las cifras oficiales, existen dudas razonables sobre el acceso real ofrecido por los proveedores. Sumado a ello debe destacarse la acentuada brecha digital que existe en el país, más marcada en ciudades pequeñas y áreas rurales, como consecuencia de la falta de nuevas inversiones y de la no implementación de nuevas tecnologías.
Sostenemos que el deterioro de la industria de las telecomunicaciones es un mecanismo más efectivo -y engañoso -de controlar las comunicaciones que los controles de Internet de primera y segunda generación, y que esto no es una coincidencia, sino que se deriva de una política gubernamental dirigida a “eliminar o reducir a niveles no vitales el relacionamiento económico y tecnológico de nuestro país con los centros imperiales de dominación”, tal como se declara en el Plan de la Patria (2013). 
En este estudio mostramos evidencias de estos hechos y describimos este complejo fenómeno tomando en consideración el contexto histórico, político y social de los últimos dieciocho años. Si bien los datos no permiten mostrar relaciones de causalidad -entre otras razones por la dificultad de acceder a ellos debido a la opacidad gubernamental-, el análisis de un conjunto de indicadores (las inversiones hechas en el sector de las telecomunicaciones, las cifras de penetración y de calidad del acceso a Internet, así como los cambios en el marco legal de las telecomunicaciones) nos permiten dibujar el camino seguido por el gobierno para procurar menoscabar la infraestructura de las telecomunicaciones en Venezuela y restringir el acceso a Internet.
-- de la introducción al documento
Autores: Raisa Urribarrí, Universidad de Los Andes; Marianne Díaz Hernández, Derechos Digitales.
Julio 2018.
Fuente: https://www.derechosdigitales.org/publicaciones/politicas-publicas-para-el-acceso-a-internet-en-venezuela/